La causa en la que fueron detenidos cuatro extranjeros y 22 argentinos por los incidentes ocurridos en octubre pasado en el Congreso nacional durante la discusión de la ley de presupuesto fue archivada. El fiscal penal, contravencional y de faltas de la ciudad Federico Tropea llegó a la conclusión de que no hay elementos para endilgarles responsabilidades penales. Así lo expuso en un dictamen que presentó tras el análisis de distintos elementos de prueba, principalmente imágenes de filmaciones y cámaras de seguridad en las que no se ve a ninguno de los imputados arrojando piedras a la policía o resistiendo sus órdenes, informaron a Infobae fuentes judiciales. El fiscal firmó el dictamen de archivo de la acusación a 17 imputados, entre ellos los cuatro extranjeros. Y se espera que entre hoy y mañana haga lo propio con los nueve restantes. Entre los acusados se encuentran los hermanos venezolanos Felipe Uleo, de 31 años, y Víctor, de 23; el turco Anil Baran y el paraguayo Luis Fretes. Su situación fue puesta de relieve por el gobierno de Mauricio Macri. "Buscamos expulsar lo más rápido posible a los extranjeros que ejercieron la violencia", dijo el ministro del Interior Rogelio Frigerio sobre los detenidos el mismo día de los incidentes. "Veremos si se llega a un juicio abreviado como solución para expulsarlos", había dicho Horacio García, el director nacional de Migraciones. La ley de migraciones establece que para expulsar a un extranjero se requiere una condena. En el caso de los detenidos, además residían legalmente en el país y cuando se presentaron en la Justicia negaron haber cometido los hechos de violencia y señalaron que no habían ido a la marcha, sino que por distintas circunstancias estaban en el lugar. El hecho ocurrió el 25 de octubre del año pasado cuando la Cámara de Diputados discutía la ley de presupuesto nacional para este año. Un grupo de manifestantes comenzó a agredir a la policía con piedras y palos y provocó daños en la Plaza de los Dos Congresos. La fuerza de seguridad reprimió y detuvo a 26 personas. Todos fueron liberados durante el transcurso de la noche y se inició una causa penal que quedó a cargo del fiscal Tropea. La prueba principal de la causa fueron las imágenes de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, que se analizaron respecto de la situación de cada imputado. Fuentes judiciales señalaron que de allí no surge ningún elemento que los involucre con los incidentes. Así, el fiscal le pidió a la jueza María Lorena Tula del Moral el archivo del caso. La medida significa que si en el futuro aparece otro elemento el expediente se puede reabrir. Por su parte, las defensas pueden solicitar el cierre definitivo del caso. "No hay imágenes ni otras pruebas que permitan verificar que hayan cometido algún ilícito", le dijo a Infobae uno de los investigadores. La acusación era por los delitos de daños, resistencia y atentado contra la autoridad.
