Tanto Cristina Kirchner como Carlos Kirchner, primo del ex presidente, presentaron ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) un escrito pidiendo que se declare incompetente de la causa en la que se la acusa de ser jefa de una asociación ilícita que se dedicó a defraudar al Estado al favorecer al empresario Lázaro Báez contratos viales en el Sur. Es allí, justamente, donde considera la ex Presidenta que debe juzgarse el expediente aduciendo que los “hechos investigados fueron cometidos en otra jurisdicción”. En los 243.943 kilómetros cuadrados de superficie que tiene Santa Cruz, Lázaro Báez amasó una fortuna de 205 millones de dólares. Es en ese mismo territorio K donde logró obtener 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos, gracias -según determinó la Justicia- a los Kirchner. Muchas de esas rutas, según la causa elevada a juicio oral, “no conducían a ningún lado” o “no eran necesarios”. Sin embargo, aquellos que sí revestían importancia quedaron sin concluir, con el agravante que Báez cobró un sobreprecios promedio del 65%. El juicio oral y público, el primero que enfrentará la ex presidenta en una causa por corrupción, tiene fecha de inicio para el 26 de febrero. Recientemente, su defensa, a cargo de Carlos Beraldi, había pedido la postergación del inicio de esta instancia. El argumento central fue que la prueba preliminar no estaba concluida. Pero el fiscal Diego Luciani se opuso al pedido de postergación: considera que están dadas las condiciones para iniciar el juicio. Recibir newsletter En paralelo, la senadora de Unidad Ciudadana intenta una nueva maniobra: solicitó con otro escrito de 40 páginas que el Tribunal se declare incompetente frente a esta causa de corrupción y que “remita el expediente al Juzgado de Instrucción 3 de Río Gallegos”, al considerar que los hechos investigados se cometieron en otra jurisdicción: en Santa Cruz. Allí gobierna ahora su cuñada, Alicia Kirchner. Antes, durante años lo hizo su marido y luego fueron dejando mandatarios que les respondían. Es conocida en la provincia la influencia de los K en la Justicia local, incluso con parientes en cargos clave. En el escrito la defensa de la ex mandataria planteó que las rutas adjudicadas a Lázaro Báez y que fueron objeto de investigación, se encontraban en el sur. Junto con este argumento, agregó que las empresas involucradas en el expediente también se encuentran radicadas en Santa Cruz. En coincidencia con el empresario K detenido, además, la ex mandataria sostuvo que hay una causa en la Secretaría 2 del juzgado federal de la capital santacruceña donde se investigan empresas del grupo Austral. “Han existido en Santa Cruz al menos dos procesos judiciales cuyos objetos coinciden con los sucesos investigados “, sostiene el escrito de la ex Presidenta. Ambos procesos concluyeron a favor de Báez y por eso la defensa de Cristina señaló que se está ante “hechos ya juzgados”. Pero además, remarcaron que se está ante una incompetencia territorial, ya que como las obras fueron otorgadas para realizarse en suelo santacruceño, es allí donde debería radicarse la causa. Se trata de uno de los expedientes más relevantes en cuanto a las acusaciones que sobre ella recaen: haber sido jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al montar una estructura institucional, para favorecer a Báez, direccionando contratos viales: 52 en total, por 46.000 millones de pesos. Además, la Cámara Federal Porteña determinó que esta “apropiación de fondos públicos” es el delito precedente de otras causas por lavado de dinero y dádivas donde es investigada la familia Kirchner. Es decir: parte de esos fondos “se derivaron al patrimonio de los ex presidentes a través del alquiler de los hoteles y de inmuebles”.
