El Gobierno avanza con su propuesta para flexibilizar por decreto el empleo en la industria textil. Como reveló este diario la semana pasada, la iniciativa relanza dos elementos que formaron parte de la fallida reforma laboral impulsada hace dos años: un fondo de cese laboral y un banco de horas. Sindicatos y cámaras empresarias están sorprendidos por el apuro que muestran los funcionarios para que sus representantes firmen el acuerdo. Ambos actores reclaman soluciones para la profunda crisis que afecta al sector, con cierres de fábricas y despidos masivos, pero advierten que el paquete de medidas no paliará el principal problema que es la falta de demanda interna. Los lineamientos serán formalizados esta tarde durante un encuentro que contará con la participación del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. El texto que será rechazado por los gremios propone además institucionalizar en los convenios colectivos textiles las concesiones laborales a las que accedieron algunos trabajadores como el pago en cuotas del aguinaldo o la segmentación forzada de las vacaciones. “Ambos actores reconocen la necesidad de que el gobierno dicte en forma urgente una norma o decreto, reconociendo la posibilidad de disponer colectivamente sobre los siguientes institutos laborales”, reza el acta que hoy será presentada para la firma de sindicalistas y empresarios textiles. La creación de un banco de horas habilitaría a realizar una compensación de la jornada laboral a lo largo de un año para que el tiempo trabajado en exceso en un día se compense con menos horas en otro. El mecanismo, que fue incluido en la brutal reforma brasileña, permite que se establezcan jornadas de hasta 10 horas diarias sin pagar horas extras. Mediante el banco de horas es posible flexibilizar y aumentar la jornada laboral reduciendo los pagos suplementarios por horas extra, que pasan a ser compensables. Entre los puntos que impulsa entre cámaras y sindicatos el secretario de Trabajo, Lucas Aparicio, figura además el denominado fondo de cese laboral. El instrumento sustituye al empleador en el cumplimiento de las obligaciones de pago de indemnizaciones por despido. La medida crea un sistema de capitalización de fondos para un despido “asegurado”. Como estaba redactado, el anteproyecto oficial de 2017 reducía el monto de las indemnizaciones ya que dejaban de contemplarse para el cálculo las compensaciones de gastos y todo rubro que carezca de periodicidad mensual, normal y habitual. Si bien la urgencia los inclina a analizar las propuestas del Gobierno, los representantes gremiales consultados por este diario sostienen que la propuesta no frenará la debacle sectorial. Las cámaras empresarias, por su parte, no niegan que la propuesta despierta su simpatía pero fuera de micrófono reconocen que las dificultades de la industria residen en el desplome del consumo interno y las altas tasas de interés. “Vamos a producir más barato los productos que tampoco podremos vender frente a la falta de demanda”, se sinceró un empresario ante la consulta de este diario. A la distancia que toman empleadores y sindicalistas se suman las objeciones legales realizadas por abogados laboralistas. “La ley de contrato de trabajo establece un piso en materia de regulación laboral que solo puede mejorarse por los convenios colectivos. El Artículo 245 de la ley que establece la indemnización por despido es el piso. Las negociaciones sectoriales o individuales pueden establecer una mejor ecuación pero nunca perforarlo como haría la implementación de una institución como el fondo de cese laboral”, explicó Matías Cremonte, titular de la Asociación de Abogados Laboralistas. “Existen turnos rotativos y otras razones que alteraron el límite de ocho horas diarias pero finalmente no pueden superarse los máximos semanales y mensuales establecidos en la ley de jornada. Cuando uno trabaja fuera de la jornada habitual u horas extra no pueden no pagarse”, consideró Cremonte al referirse al banco de horas. Una hipótesis barajada entre sindicatos y cámaras empresarias para comprender la premura que muestran los funcionarios es la necesidad de presentarle avances al FMI. La flexibilización laboral es parte del paquete de reformas estructurales ofrendado al organismo multilateral. Los próximos tramos del préstamo no solo están condicionados al cumplimiento del ajuste fiscal y la contracción monetaria sino también a la implementación de algunas profundas transformaciones en materia laboral, previsional y tributaria que figuran en la agenda permanente del prestamista. “Dada la complejidad de estas reformas, y la necesidad de establecer un amplio consenso social a su alrededor, sería importante comenzar pronto con el trabajo técnico y preparatorio, con vistas a enviar proyectos al Congreso a fines de 2019”, sostiene el último informe del organismo sobre la economía argentina que demanda “un sistema de regulaciones laborales más balanceado”.
