Uno de los directivos de las firmas Pilar Bicentenario e Insula Urbana, acusadas de lavar dinero proveniente del narcotráfico, más precisamente del cartel de Medellín y Sinaloa, ingresó al blanqueo de capitales impulsado por el presidente Mauricio Macri unos 135 millones de pesos, que fueron operados a través del Banco Nación y en los meses previos a la detención de los integrantes del clan. Según registros oficiales a los que accedió El Destape , el pasado 22/12/2016 Marcelo Gustavo Pera, señalado por el propio gobierno como uno de los intregrantes del clan narco que "lavaba dinero del heredero de Pablo Escobar en Argentina" , ingresó al país al menos $135.668.810, amparándose en el sistema voluntario para la declaración de bienes en el país y en el exterior, conocido habitualmente como blanqueo de capitales. Pera compartía el directorio de las firmas Insula Urubana y Pílar Bicentenario con José Piedrahita Ceballos, uno de los 15 narcotráficantes más buscados del mundo, quien finalmente fue detenido en Colombia y deportado a Estados Unidos, acusado de lavar dinero del narcotráfico en distintos países, entre los que se encontraba la Argentina. Según pudo comprobar la Justicia, el vínculo de Ceballos en el país era Mateo Corvo Dolcet, concuñado de Pera, a quien le encontraron documentos que incluso confirmaban la participación de la la viuda y del hijo del capo narco colombiano Pablo Escobar Gaviria por haberlos presentado para hacer negocios. En octubre de 2017, Pera y los socios de la firma fueron detenidos y el caso cobró una enorme notoriedad en los medios de comunicación. Todos ellos fueron procesados con prisión preventiva, aunque Pera después obtuvo la falta de mérito dado que el fiscal no pudo acreditar con el grado de certeza necesaria que conociera verdaderamente quién era Piedrahita Ceballos. Sin embargo, la particularidad no tiene que ver con la laxidad del blanqueo y la falta de controles estatales, que permitieron que una de las presuntas organizaciones narco más importantes del mundo pudieran ingresar cientos de millones de pesos al país pese a que en ese momento estaban siendo investigados ya por la justicia argentina y norteamericana, sino también con la relación constante que las firmas mantenían con Cambiemos: el banco elegido para ingresar el dinero al país fue el banco oficial, es decir, el Nación. Según pudo confirmar El Destape , la entidad no lanzó ninguna alerta sobre la operación, por lo que tampoco tuvo intervención la Unidad de Información Financiera (UIF). Pero la relación entre estas firmas, investigadas por lavar dinero del narcotráfico colombiano en Argentina a través de proyectos inmobiliarios, y Cambiemos no empieza allí. Es que ante la inversión de 400 millones de dólares de dudoso origen, el municipio de Pilar comenzó a hacer gestiones en el Concejo Deliberante para aprobar el proyecto, que contaba con el sospechoso visto bueno del secretario de Obras Públicas de Pilar, Guillermo Iglesias, esposo de la diputada nacional de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli. El proyecto parecía haber quedado paralizado luego que el massismo rechazara las modificaciones pedidas por Corvo Dolcet, sin embargo la empresa continuó anunciando el ambicioso plan a través de publicaciones en reconocidos diarios y revistas de construcción. Esa no era la única ambición que tenía la sociedad "narco" en Pilar: otro de los proyectos que no prosperó fue el de Pilar Parking, que consistía en la construcción de unas 900 cocheras en las inmediaciones de la nueva estación de tren “Panamericana”, que conectaría con un servicio diferencial Pilar-Retiro. De esta forma, los vecinos de Pilar residentes en barrios privados, podrían llegar al centro con Wi-Fi, asientos de lujo, aire acondicionado y calefacción, sin la necesidad de caer en los gastos y demoras que el auto genera. Según declararon los involucrados ante la Justicia, la firma Pilar Bicentenario S. A, a cargo del proyecto, tenía como accionistas al propio José Bayron Piedrahita Ceballos, un importante empresario colombiano que se convirtió en uno de los 15 narcotráficantes más buscados de Estados Unidos, recientemente detenido en Colombia, y al propio Marcelo Gustavo Pera. Allí es donde radica otro de los llamativos vínculos políticos de la sociedad "narco": según documentos privados de la compañía a los que tuvo acceso El Destape, para conseguir la inversión inicial de Pilar Parking, decidieron solicitar cotización en los bancos Santander Río y Ciudad respectivamente. Finalmente, decidieron inclinarse por el Banco Ciudad, bajo la gestión PRO. El préstamo fue con fines productivos por la impactante suma de $60.000.000, cifra difícil de obtener en el mercado financiero para una firma sin vínculos aparentes con la entidad bancaria en cuestión. En el informe “Estado de situación” de Pilar Parking, otorgado a los socios del proyecto, se detalló que la razón del préstamo era meramente política: “Gestionamos y obtuvimos un crédito productivo del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien habíamos alcanzado igual posibilidad de otorgamiento con el Santander Río y con el HSBC, optamos, en junio pasado, por tomarlo con el Banco Ciudad ante la posibilidad de que el PRO pudiera obtener un buen resultado electoral”, aseguraba en el escrito, al que tuvo acceso en exclusiva este medio. El préstamo por "Inversión Productiva" se llevóa adelante y al día de hoy, la firma se encuentra embargada y debiéndole ya al Banco Ciudad unos $71.738.000, según consta en los registros del Banco Central. Por este motivo, se encuentra en situación 3: es decir, como deudor peligroso.
