"Yo nunca me metí en política, siempre fui peronista". La insuperable definición de José María "El Mono" Gatica cobra nueva vigencia cada vez que el peronismo se exhibe en oferta electoral. La indefinición ideológica de Perón y sus discípulos no es una carencia, sino, al contrario, su más preciado bien. Esa labilidad proverbial es la que le permitió nacionalizar empresas públicas cuando eran privadas, privatizarlas cuando eran del Estado y convertirlas en público-privadas cuando los experimentos anteriores terminaron en fracaso. El caso más emblemático es el de YPF. A contrapelo de los mitos que instaló el peronismo, YPF fue creada por tres radicales: Hipólito Yrigoyen, Marcelo T. de Alvear y Enrique Mosconi. Fue precisamente el peronismo quien la privatizó y la extranjerizó en 1992. El entonces presidente Carlos Menem giró a Néstor Kirchner, a la sazón gobernador de una de las principales provincias petroleras, 654 millones de dólares en concepto de regalías. La mayor parte del monto permaneció en una cuenta personal que el propio Kirchner tenía en el banco Credit Suisse de Zurich. Luego, el destino del dinero se perdió en la bruma de los negocios político-personales. En 2008, durante la presidencia de Cristina Fernández, con la anuencia de Néstor Kirchner, un empresario ligado al kirchnerismo se adueñó del 14, 9 por ciento de YPF. En 2011 compró otro 10 por ciento. En 2012 el kirchnerismo expropió Repsol y luego de algunas compadradas, Axel Kiciloff terminó pagando 5.000 millones de dólares a los españoles. Se sospecha que en el largo proceso que fue de la privatización y extranjerización a la reestatización y "re-nacionalización", los Kirchner cobraron en cada una de las estaciones. El caso de YPF es ejemplificador no sólo para comprender el sentido de la condición aidelógica del peronismo, sino para calibrar la importancia de la tan resistida Ley de Extinción de Dominio. El kirchnerismo demostró que la corrupción no es un mero problema que se añade a la política, una suerte de rémora inevitable, sino que la sustituye. Durante doce años la corrupción ocupó el lugar de la política y el resto de la vida institucional se organizó de acuerdo con esa viga maestra. Después de algunos traspiés parlamentarios, Mauricio Macri decidió firmar el decreto de necesidad y urgencia para aplicar la extinción de dominio de aquellos bienes recuperados de la corrupción, los delitos contra la administración pública, el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo y otros delitos graves. El gobierno apura la conformación de la Procuraduría de Extinción de Dominio, encargada de instrumentar la incautación de los bienes de los imputados en causas penales que no puedan demostrar el origen de sus propiedades. El gobierno aspira a que, en el mejor de los casos, el decreto esté operativo en no más de treinta días. Para verificar qué intereses afectaría la ley resulta elocuente mirar a quienes se oponen. No es casual que la primera en pronunciarse fuera Cristina Fernández a través de sus abogados Graciana Peñafort y Gregorio Dalbón. La abogada, después de calificar al decreto de "payasada" y al presidente de "burro", divagó por una serie de humoradas sin gracia para, por fin, ir al punto que más le preocupa a la ex presidente: "Se ve que a Mauricio Macri lo que dice la Constitución no le parece relevante. Porque no solo aplica parte de la condena desapoderando a una persona de sus bienes antes de que sea declarada culpable, sino que además pueden desapoderar a una persona de sus bienes sin que pese sobre ella acusación alguna". Está claro, lo más importante para ella es custodiar el patrimonio con el cual la señora de Kirchner, entre otras cosas, paga sus honorarios. Fiel a su estética y a su refinada prosa, el Dr. Dalbón fue directo al grano para despejar cualquier duda: "Si le tocan un bien a Cristina, que se agarren". ¿Quedó claro? Pero no fue sólo el peronismo irracional, por así llamarlo, el que se pronunció en contra de la ley. Miguel Ángel Pichetto, obligado a dormir con su enemiga, dijo que "la extinción de dominio no es un tema para sacar por DNU". El problema es que Pichetto ya se había negado a sacar ese "tema" por una ley del Congreso. El capitán de los senadores peronistas, dueño de la libertad ambulatoria de la ex presidente y a la vez su rehén, había dicho en junio del año pasado: "Hagamos docencia. Salgamos de la demonización", confundiendo al demonio con el dominio y a la docencia con la decencia. Y finalmente consideró que la ley era para la tribuna: "Se puede hacer demagogia aumentando las penas y diciendo que todos los que están en la administración pública son corruptos y hay que aumentarles las penas 20 años". Quién iba decir tres años atrás que un peronista habría de calificar de populista al presunto pope del neoliberalismo. Lo cierto es que la única lealtad en el peronismo se demuestra en contante y sonante, en bolsos, al peso y sin asientos contables. En físico, a decir de Leonardo Fariña. Este decreto ataca el corazón de la corrupción porque va por los bienes malhabidos. Para muchos, la cárcel es un purgatorio que se sobrelleva paladeando por anticipado el reencuentro con el botín. Para otros, más afortunados, la prisión domiciliaria se cumple en las mansiones que supieron malhaber. Y para quienes aún gozan de la libertad, el botín sirve para mantener lealtades, conservar poder, sobornar funcionarios judiciales y pagar abogados como, sólo para poner un ejemplo, Dalbón y Peñafort.
