Cuatro días después de firmado el pacto con Irán el 27 de enero de 2013, el gobierno iraní pidió a Interpol por escrito el levantamiento de las alertas rojas que pesan contra los cinco iraníes acusados por el atentado contra la AMIA. El pedido -contenido en una carta reservada- lo hizo el embajador iraní en Francia y esgrimió ese tratado internacional como argumento de su solicitud. En el 2013, el ex canciller K había negado que se hubiese acordado verbalmente el levantamiento de esos pedidos de captura internacional con la firma del memorándum pero esa carta y otros elementos demuestran que ese era, en realidad uno de los objetivos de la movida. Las alertas rojas, que impiden a esos iraníes viajar por el mundo sin ser detenidos, es el único elemento de presión que tiene la Argentina frente a Irán. El dato complica la situación del ex canciller a quien el fiscal Gerardo Pollicita pidió que sea indagado, junto a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros imputados, por encubrimiento agravado a favor de los iraníes acusados por el atentado contra la AMIA de 1994, revelaron a Clarín fuentes judiciales. Hasta ahora la versión oficial de Timerman era que el acuerdo solo consistía en notificar en forma conjunta a Interpol de la firma del tratado, a través de una carta cuya copia llamativamente no se encontró en los archivos de la Cancillería ni en la oficina local de Interpol. Se basó en una carta del entonces titular de Interpol, el norteamericano Ronald Noble, del 15 de marzo del 2013 que informaba que el pacto no había tenido ningún efecto sobre las alteras rojas. En realidad, Clarín reveló en marzo de este año que tras la firma del tratado Noble hizo incluir en las alertas un banner que advertía que la Argentina e Irán estaban buscando un acuerdo diplomático al conflicto, lo que significó una flexibilización de hecho de la medida. Timerman se refería a que el 15 de marzo de 2013, en medio de una fuerte polémica local, el consejero jurídico de Interpol, Joel Sollier, le mandó una carta que afirmaba: “La Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Interpol manifiesta que dicho acuerdo no implica ningún tipo de cambio en el estatus de las notificaciones rojas publicadas en relación a los crímenes investigados en la causa AMIA. . . ” Noble después ratificó ese criterio en declaraciones periodísticas ante las airadas críticas de los DAIA, familiares de las víctimas y la entonces oposición. Preocupado, Timerman viajó a Lyon, donde está la sede de Interpol, y se reunió con Noble. La Cancillería, tras el encuentro, afirmó que “Noble reafirmó los términos vertidos por el consejero general de Interpol en la carta del 15 de marzo, en el sentido que el Memorándum con Irán no afecta en forma alguna el estatus de las notificaciones rojas emitidas por Interpol a instancias de la Argentina”. Pero el fiscal Pollicita y otros magistados saben desde hace varios días de la existencia de esa carta reservada del embajador iraní en Francia. Entonces, las fuentes se preguntaron “si no hubo un acuerdo verbal para dar de bajas las alertas ¿por qué Irán pidió formalmente su anulación?” Seguramente, el juez Claudio Bonadio o el fiscal Eduardo Taiano -quien se quedó ahora a cargo también de la causa por encubrimiento que había investigado Pollicita- pedirán formalmente a Interpol una copia de esa carta. Bonadio luego de unificar la causa por encubrimiento con la causa por traición a la patria decidirá antes de fin de mes si acepta el pedido de Pollicita de indagar como sospechosos a Timerman, Cristina y otros ex altos dirigentes K. Antes de dejar la causa, Pollicita había pedido una alerta azul -que implica solo una localización de una persona- de Noble para luego llamar a declarar como testigo, pero Interpol le contestó que el ex funcionario "está proteguido por la inmunidad diplomática". En fuentes judiciales se sabe que Noble está actualmente residiendo en Dubai y que uno de sus ex secretarios en Interpol “está trabajando en un estudio jurídico de Londres contratado por Irán para conseguir el levantamiento de las alertas rojas”, en un claro conflicto de intereses. Este estudio de abogados está presionando constatemente a la comisión de Ficheros de Interpol, que integra desde marzo de este año el ex titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) Leandro Despouy, como jurista independiente por su rol de relator sobre Derechos Humanos de la ONU. Se trata de un puesto estratégico porque esa comisión maneja una base de datos con 1.700 alertas rojas y es la que decide, desde el punto de vista jurídico, si se levanta o no esa advertencia. A la luz de esta trama secreta de las alertas rojas, en los tribunales de Retiro se está revisando las razones de fondo de la decisión de la ex presidenta de hacer nombrar al entonces secretario de Seguridad, Sergio Berni, como uno de los doce miembros del secretariado de Interpol. “¿Berni fue nombrado para garantizar la vigencia de las alertas o para tapar esta trama oculta?”, se preguntó un conocedor de los pasillos de Comodoro Py. Las fuentes estaban sorprendidas porque descubrieron que Timerman, diplomáticos de carrera y agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) viajaron a Montecarlo a la asamblea anual de Interpol en noviembre del 2014 para hacer lobbie a favor de la candidatura de Berni. Incluso, afirman se pagaron “cenas privadas y otras diversiones” a representantes de otros países para conseguir el voto. Finamente, Berni fue elegido pero en marzo del 2016, cuatro meses después de la asunción del gobierno de Mauricio Macri, seguía en su puesto. Solo por una orden de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y una hábil gestión del entonces vicecanciller Carlos Foradori se logró “convencer” a Berni de que renunciara y lograr que fuera reemplazo por el actual jefe de la Policía Federal, comisario general Néstor Roncaglia.
