En medio de los cuestionamientos de una parte de la oposición y la Iglesia, el Gobierno defendió el proyecto de ley del nuevo régimen penal juvenil, que tiene como punto destacado bajar a los 15 años la edad de imputabilidad penalde los menores en delitos graves. "Quince años es un punto de consenso y está basado fuertemente en la estadística. A partir de los 15 años, un joven comprende la criminalidad de sus actos y debe responder con un régimen especial", dijo a la nacion el ministro de Justicia, Germán Garavano . Como responsable político de la reforma, el funcionario explicó que, basado en datos estadísticos, es a esa edad que los jóvenes comienzan a "cometer sobre todo aquellos hechos más brutales, que son los que van a hacer que a partir de los 15 años uno sea penalmente responsable". Según detalló Garavano, en ese listado están incluidos "las violaciones, algunos homicidios, algunos hechos realmente graves, que por suerte todavía no son muchos, con penas mayores a los 15 años de prisión". Si bien el presidente Mauricio Macri evaluó la posibilidad de convocar al Congreso para que debata el proyecto en sesiones extraordinarias, fuentes oficiales confirmaron que esa opción fue descartada ante la falta de consenso con la oposición. En un año electoral, el oficialismo no les quiere regalar ningún triunfo a sus adversarios. El objetivo que se planteó el Gobierno para este proyecto en particular es lograr, al menos, media sanción, según confiaron allegados al ministro. Ayer, varios religiosos y curas villeros, encabezados por el padre José María Di Paola, se sumaron a las críticas que recibió la propuesta. "Pensar la baja de la edad de punibilidad como respuesta a la seguridad ciudadana, al margen del contexto social, es demagogia punitiva", advirtió la Comisión de los Derechos Humanos por la Inclusión, constituida el año pasado por el padre Pepe y otros sacerdotes, religiosas y laicos que trabajan en barrios vulnerables. Evitando la confrontación, Garavano comparó la legislación actual con el resto de los países de la región. "La mayoría tienen como edad los 14 años y algunos tienen menos. Nosotros, después de un análisis técnico, realmente entendemos que la edad adecuada son los 15 años. Además, es una edad en la que los jóvenes comprenden la criminalidad de sus actos, sobre todo frente a hechos tan graves", sostuvo el ministro. Y, además, argumentó que no hay que "pensar la responsabilidad penal como algo malo", sino que, según su visión, "el joven tendrá que afrontar un proceso en el cual el Estado deberá demostrar que él fue culpable y se le dará un abordaje especial, un abordaje acorde para ese hecho trágico, y que no lo lleve por un camino en el que pierda su vida". "El proceso penal para un joven de 15 años que cometió un hecho de estas características, más allá de poner su responsabilidad, tiene que ser un aprendizaje para que nunca más cometa hechos de esta naturaleza. Un joven de 15 años debe responder con un régimen especial, con un abordaje especial y debe responder ante esos hechos", agregó Garavano. Para el responsable del Ministerio de Justicia, "nuestro país tiene una deuda de la democracia, que es con los jóvenes, y en esto el sistema penal en general lo que necesita es tener un sistema de responsabilidad penal juvenil". Resaltó que este nuevo régimen contribuye a que "las víctimas sientan que se hace justicia y, en definitiva, tengan también una respuesta frente al delito por la pérdida de un inocente".
