En los últimos años la justicia federal porteña ya procesó a más de cien ex funcionarios K y a varios empresarios en causas por corrupción lo que constituye un récord de procesamientos desde que se restauró la democracia en 1983. Si bien la causa de los cuadernos de las coimas de Oscar Centeno -que investigan el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli- tiene ya 42 procesados, hay otras causas con muchos procesados aunque no tienen el mismo nivel de velocidad de investigación. Recibir newsletter En fuentes judiciales se estima que en el primer semestre de este año el número de procesados y condenados aumentará, hasta unas semanas antes de las elecciones presidenciales de octubre, cuando los jueces en general "hacen la plancha", es decir no toman decisiones de fondo. En un informe de la Oficina Anticorrupción, al que accedió Clarín en exclusiva, se incluye una lista de los procesados y condenados en las causas Ciccone, ruta del dinero K, Los Sauces, direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, Hotesur, desvío de fondos de la mina de Río Turbio, Plan Qunita, compra de trenes chatarra a España y Portugal, Odebrecht, Skanska, la valija de Antonini Wilson, la Tragedia de Once y diversas causas por enriquecimiento ilícito, entre otras. Los ex funcionario K detenidos amado boudou ricardo jaime jose lopez julio de vido ex funcionarios K detenidos corrupcion detenciones Fuentes de la justicia de Comodoro Py afirmaron que ese número “es muy superior a los procesados ex funcionarios del Gobierno de Menem y menor a los condenados, aunque no haya estadísticas precisas para hacer una comparación”. Tampoco hay en las causas precisiones sobre la plata robada y cuya posibilidad de ser recuperada está en juego en estos juicios. En un estudio del CONICET, los economistas Ariel Coremberg y Martín Grandes estimaron hipotéticamente, en base a un estudio de inversión pública, que se habría robado al Estado unos 36 mil millones de dólares entre el 2003 y el 2015. El informe señala que en la causa Ciccone, donde el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Jorge Di Lello investigaron la compra de la imprenta para imprimir billetes por parte del entorno del ex vicepresidente de la Nación, están ya condenados Amado Boudou (5 años y 10 meses de prisión), el ex asesor de la AFIP Rafael Resnick Brenner, el ex jefe de asesores del ministro de Economía Guido Forcieri y está solo procesado el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. No se tiene en cuenta la condena al socio y amigo de Boudou “Nariga” Nuñez Carmona porque nunca fue funcionario. Tampoco la situación procesal del ex gobernador Daniel Scioli ante la justicia bonaerense en otras causas. En la causa Skanska, que ahora investigan el juez Sebastián Casanello y el fiscal Stornelli, están procesados por fraude al estado y cohecho en la ampliación del gasoducto del norte: Julio De Vido, José López y el ex titular de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa y los ex gerentes de Skanska y otras empresas privadas. En la causa por la Tragedia de Once, donde se probó que hubo desvío de fondos asignados para el mantenimiento a otros fines, están condenados De Vido (5 años y 8 meses de prisión) y los ex secretarios de Transporte K Ricardo Jaime (8 años) y Juan Pablo Schiavi, además de los empresarios de TBA por fraude al estado y estrago. En la causa cuadernos, Bonadio y Stornelli lograron en la cámara federal la confirmación de los procesamientos de la ex presidenta Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita y cohecho junto con De Vido, José López, Roberto Baratta, Nestor Lazarte (ex secretario privado e Baratta), Fabián García Ramón (ex director de Energías Renovables), Hernán Camilo Gómez (funcionario de Baratta), Rafael Enrique Llorens (ex secretario Legal de Planificación), José María Olazagasti (ex secretario privado de De Vido), Jorge Mayoral (ex secretario de Energía) y Germán Nivello. En la misma causa también están procesados: Oscar Parrilli (ex secretario General de la Presidencia), Hugo Larraburu (coordinador de la jefatura de gabinete), Claudio Uberti (ex titular del OCCOVI), Juan Manuel Abal Medina (ex jefe de Gabinete), Oscar Thomas (ex titular de Yacyretá), Norberto Oyarbide (ex juez federal cercano a los K), Javier Fernández (auditor general de la nación y ex operador judicial K), Hernán del Río (ex chofer de Olazagasti) y Walter Fagyas (ex titular de ENARSA). En cuadernos también están procesados los ex secretarios privados de los Kirchner, Fabián Gutiérrez, Julio Alvarez, Roberto Sosa, Ricardo Barreiro y Raúl Copetti (ex tesorero del FPV). Oscar Parrilli en las escaleras de Comodoro Py. (Archivo) En la causa de la inmobiliaria de los Kirchner llamada Los Sauces -que investigan el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita- están procesados por lavado de dinero Cristina Kirchner y el diputado nacional Máximo Kirchner. También están procesados el ex gobernador de Santa Cruz Carlos Sancho y los funcionarios del banco de la Nación: Mónica Romero, Raúl Avarese, Lisandro Manuel, Ronaldo Gauna, Aníbal Avena y Marcelo Mazú. Otro de los casos con más procesados es el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez que significó el pago de contratos por 3 mil millones de dólares al empresario K con licitaciones amañadas, sobreprecios y obras sin terminar. En esta causa investigada por el juez Ercolini y el fiscal Pollicita están procesados: Abel Fatala (ex subsecretario de Obras Públicas), Nelson Periotti (ex titular de Vialidad Nacional), Carlos Santiago Kirchner (ex Coordinador de obras públicas y primo de Néstor), Juan Villafañe (ex director de Vialidad de Santa Cruz), Raúl Daruich y Mauricio Colladera (ex jefes de Vialidad). Además, están procesados los ex funcionarios de Vialidad: Héctor Garro, Gilberto Pavesi, José Santibáñez, Sandro Férgola, Jorge Gregorutti, Sergio Passacantando, Carlos Alonso, Gustavo Gentili y Fernando Abrante. En el expediente por irregularidades en el manejo de los fondos de la secretaria de Medio Ambiente, la jueza María Servini de Cubría procesó a Romina Picolotti por administración fraudulenta, en base a una investigación de Clarín. Los casos relacionados con la constructora brasileña Odebrecht son un capítulo aparte. Por la ampliación de gasoductos, el juez federal Daniel Rafecas consideró que había habido sobreprecios millonarios y procesó a Daniel Camerón, Bautista Marcheschi (ex subsecretario de Energía Eléctrica) y Cristian Folgar (ex subsecretario de Combustibles). En el sub capítulo Odebrecht relacionado con la planta potabilizadora de AYSA, el juez federal Sebastián Casanello procesó al ex presidente de AYSA Carlos Ben y a los directores de esta empresa estatal Oscar Biancuzzo, Carlos Di Somman, Antonio Caucino y Carlos Donoli. El informe de la OA incluye también la causa por el llamado Plan Qunita que suponía regalar miles de kits para embarazadas pero que la Justicia sospecha tuvo un sobreprecio de 450 millones de pesos. En el expediente, el juez federal Claudio Bonadio procesó al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, al ex subsecretario de Medicina Comunitaria, Nicolás Kreplak y a ex funcionarios del ministerios de Salud, Paula Herrera Viana, Fanny Lamas, Juan Piccolini y Daniel Gollan. También están con esa situación procesal: los ex funcionarios de la secretaria Legal y Técnica: Carlos Tejada, Claudio Esteban y Alicia Escobar Atensio. En la causa por la compra de trenes chatarra a España y Portugal por unos 100 millones de dólares, el juez federal Julián Ercolini procesó a Jaime, a su ex asesor Manuel Vázquez y al ex inspector de concesiones ferroviarias, Ricardo Testuri. Lo procesó por los delitos de "peculado de bienes, administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública, cohecho y negociaciones incompatibles, y como partícipe necesario del delito de tráfico de influencias". Otro de los procesados por enriquecimiento ilícito, aunque está detenido por la represión ilegal es el ex jefe del Ejército, general César Milani, quien al asumir puso esa Fuerza a disposición “del proyecto nacional y popular”. En la causa por el desvío de 265 millones de pesos destinados a la reactivación de la mina de Río Turbio, el juez federal Luis Rodríguez procesó a De Vido y a los ex funcionarios de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) Jaime Alvarez, Atanasio Pérez Osuna, Fernando Lisse, Miguel Larregina, Marta Pérez, Juan Marcelo Vargas, Orlando Taboada, Claudio Masson, Gustavo Mazza, Ramón Chanampa y Orlando Pastori. Como los fondos se triangulaban a través de la Universidad Tecnológica Nacional, el juez a pedido del fiscal Stornelli también procesó a los funcionarios de la UTN: Diego Di Lorenzo, Carina Mendoza, y Héctor Brotto. Aunque no figura en el informe de la OA, el juez federal Marcelo Martínez de Georgi procesó por el desvío de 206 millones de pesos del plan de viviendas sociales “Sueños Compartidos” de las Madres de Plaza de Mayo a José López y al ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, además de a Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender. Estos dos últimos no fueron funcionarios, entre otros. Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo. En tribunales no se considera a la causa por el pacto con Irán como un caso de corrupción ni tampoco a la causa por la manipulación de las estadísticas del INDEC por la que se procesó al ex secretario de Comercio Guillermo Moreno. Pero sí a la causa llamado dólar futuro. En ésta, el juez Claudio Bonadio procesó a la ex presidenta por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública. Bonadio también procesó al ex ministro de Economía y diputado nacional Axel Kicilloff, al ex titular del BCRA Alejandro Vanoli y a otros 12 funcionarios. Y ordenó trabar un embargo sobre sus bienes por 15 millones de pesos en una causa en que se estima se perjudicó al Banco Central en 4 mil millones de dólares. Otro escándalo también tuvo sus procesados aunque con 11 años de retardo. El juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola procesó a De Vido, Uberti y Ricardo Echegaray por "tentativa de contrabando de importación de divisas” en la causa de la valija con US$ 800.000 que intentó ingresar el venezolano Guido Antonini Wilson en agosto de 2007. En base a una denuncia de la diputada de Cambiemos, Graciela Ocaña, la jueza federal María Servini envió a juicio oral a los procesados ex jefes de Gabinete del kirchnerismo Jorge Capitanich y Aníbal Fernández, y al ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto y al ex titular de AFA Luis Segura por "administración fraudulenta agravada" en el marco del programa "Fútbol para Todos". La acusación es por el desvío de fondos públicos que deberían haber ido a sanear las finanzas de los clubes. En opinión de la titular de la OA, Laura Alonso, este nivel récord de procesamientos se debe a una combinación de factores. “Primero, a la proactividad, la calidad y la rigurosidad en las presentaciones, los informes y las denuncias de los abogados de la OA", dijo a Clarín. Segundo, tiene su razón en "la mayor proactividad de fiscales y jueces y una clara autonomía y la absoluta ausencia de interferencia la políticas, presiones o ataques a las que estuvieron sometidos en los gobiernos de Nestor y Cristina Kirchner". Y tercero, para Alonso, "se debe a una expectativa y una demanda permanente de gran parte de la sociedad y al trabajo profesional de periodistas de investigación”. Por su parte, la diputada Elisa Carrió, impulsora de muchas de estas causas, hizo un balance de sus denuncias en los últimos años. “De las 110 denuncias penales relevadas, 16 fueron archivadas inmediatamente y 8 fueron cerradas sin ningún tipo de investigación, hasta cinco años después, por supuesta inexistencia de delito”. “Se mantuvieron activas sólo en apariencia, pero sin desplegarse ninguna actividad jurisdiccional real. Incluso hay muchísimas causas que recién después de cuatro o cinco años se resolvió qué el juzgado interviniente. Por el contrario, el total de causas elevadas a juicio oral resultan ser tan sólo cuatro, sin contar ninguna con sentencia firme”, añadió Carrió, quien tocó un punto clave: la etapa de juicios orales luego de los procesamientos . Solo Cristina Kirchner enfrentará el año que viene cinco juicios orales para que se decida si es culpable o inocente. Las causas en que no está procesada la ex presidente también están cerca de llegar a esa instancia por lo que se prevé un cuello de botella en los juicios orales del 2019, en medio de la campaña electoral.
